EL DERECHO A LA CAPACITACIÓN
La Capacitación, como una forma de educación para el trabajo, ha estado en nuestro medio a la zaga de los movimientos y teorías que a través del tiempo han tratado de desentrañar las formas más adecuadas de "transmitir el conocimiento" o de "ponerlo a disposición" como se diría ahora.
Desde la antigüedad, el aprendizaje de los oficios fue visto como una actividad secundaria, desvinculada de un propósito educativo, frente a la importancia que tuvo la tarea académica, y con contadas excepciones, el fruto de la relación maestro - aprendiz no logró trascender el ámbito de la tradición artesanal, en contraste con el avance de las teorías educativas que desde los filósofos de la antigüedad hasta los grandes pedagogos modernos nos han legado para guiar la enseñanza de los niños y los jóvenes, dentro del ámbito de la denominada educación formal, para el progreso de la ciencia y el bienestar de la humanidad.
Tal vez la revolución industrial comenzó a llamar la atención acerca de la necesidad de reconocer mayor importancia a la preparación para el trabajo en un contexto educativo, y en los países europeos florecieron las Escuelas de Artes y Oficios, replicadas en sus colonias americanas, como sucedió entre nosotros a partir del siglo XVIII al finalizar la Nueva Granada, con instituciones privadas nacidas la mayoría de la iniciativa eclesiástica, o públicas regentadas por comunidades religiosas.
Pero desde cuándo este tema ha sido objeto de la preocupación estatal?; es decir a partir de cuándo amerita la formulación de políticas públicas para su desarrollo?
Hay dos aristas de este interrogante que es necesarios distinguir: por un lado la acción del estado orientada a ofrecer oportunidades de capacitación y entrenamiento, y de otra parte la regulación estatal para reconocerlas y equipararlas en su importancia a las normas generales sobre educación.
En cuanto al primer punto, la oferta estatal se ha manifestado desde fines del siglo XIX, unas veces de manera directa a través de Institutos Técnicos industriales y agrícolas o de educación diversificada, y a partir de finales de los cincuentas del siglo pasado, en concurso económico con las empresas, con la creación del SENA como una gigantesca y novedosa Escuela de Artes y Oficios que siempre está a la vanguardia de la tecnología educativa en los más variados campos, y sumado a lo anterior, programas de capacitación y formación que algunas empresas y entidades públicas comenzaron a desarrollar para sus trabajadores de manera independiente.
Sin embargo no ha ocurrido lo mismo en lo relacionado con la regulación estatal de esta actividad educativa, que ha evolucionado muy lentamente, aunque en los últimos años ha tomado algún impulso.
Para comenzar, la constitución vigente antes de 1991 no se ocupaba del tema de manera concreta, y las únicas menciones que podrían asociarse lejanamente a este aspecto se relacionan con la "protección especial" que el Estado debe darle al trabajo como obligación social (artículo17), y con la potestad dada a las autoridades para "...inspeccionar las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas" (artículo 39).
No obstante la bandera fue tomada por el antiguo Departamento Administrativo del Servicio Civil, que a partir de la gran reforma administrativa del estado realizada en 1968, expidió una serie de decretos para regular la administración del personal civil de la Rama Ejecutiva del poder público, dentro de los cuales se previó la organización de planes de capacitación en las distintas entidades públicas.
Afortunadamente en los último 16 años, el tema ha sido objeto de mayor interés por parte del Estado, y a partir de la mención en la constitución de 1991, de que "Es obligación del estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran..." (artículo 54), se han expedido normas tendientes a hacer realidad este derecho, tanto para los empleados públicos como para los trabajadores particulares.
Al respecto vale la pena destacar la consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia, a partir de los planteamientos de los documentos CONPES 2945 de 1997 y 081 del 2004, como una estructura cuyo objetivo es implementar políticas y estrategias para el desarrollo y calificación de los recursos humanos del país y su articulación con la oferta de formación para el trabajo.
Pedro Pablo Pérez M.
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